El Congreso de la República ha aprobado una nueva ley que impone estrictos controles a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en cuanto a su financiamiento y actividades. Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas aliadas han dado un golpe contra la sociedad civil, empoderando a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar el financiamiento extranjero que llega a las ONG. Solo 16 congresistas se opusieron a esta medida, mientras que 4 votaron en abstención.
La ley autoriza a la APCI a vigilar el financiamiento extranjero de las ONG, con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar que los fondos se utilicen para actividades que puedan amenazar el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno. Además, se prohíbe a las ONG financiar o asesorar acciones administrativas y judiciales en contra del Estado peruano, tanto a nivel nacional como internacional.
La normativa considera como infracciones graves que las ONG apoyen económicamente actividades que se perciban como amenazas a la seguridad y el orden público. Las sanciones incluyen multas de hasta 500 UIT y la posibilidad de que las ONG infractoras pierdan su inscripción. La ley también contempla la posibilidad de denunciar a las ONG ante el Ministerio Público si se encuentran indicios de actividades ilícitas financiadas por fondos extranjeros.
Las agrupaciones de izquierda, incluyendo Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular, se opusieron firmemente a la ley, argumentando que es inconstitucional y que socava la libertad de pensamiento y expresión. La congresista Susel Paredes intentó una cuestión previa para mejorar el texto en comisiones, pero su solicitud fue rechazada.
El debate en el Congreso estuvo marcado por acusaciones de doble rasero y ataques a las ONG. Los congresistas de izquierda, Guillermo Bermejo y Alex Flores, criticaron la medida, afirmando que se dirige principalmente a las ONG de derechos humanos y ambientalistas, mientras que las ONG de derecha no están sujetas al mismo escrutinio. A pesar de las críticas, la ley fue aprobada y exonerada del trámite de segunda votación.
