El Gobierno peruano ha promulgado la Ley N.º 32258, que introduce modificaciones significativas al Código Penal, limitando la reducción de penas en casos de tentativa de delitos graves como feminicidio, secuestro, robo agravado y extorsión. Esta normativa, aprobada por el Congreso, busca reforzar la justicia penal y proteger a las víctimas de estos crímenes.
La ley establece que, en casos de tentativa, la disminución de la pena no podrá ser mayor a un tercio del mínimo legal establecido. Por ejemplo, si un delito tiene una pena mínima de 30 años de prisión, en caso de tentativa, la sanción no podrá ser inferior a 20 años. Además, se incluyen en esta categoría delitos como organización criminal, trata de personas, explotación y violación de la libertad sexual, entre otros.
Otro aspecto clave de la Ley 32258 es la modificación del artículo 57 del Código Penal, que regula la suspensión de la ejecución de penas. A partir de ahora, este beneficio no podrá aplicarse a funcionarios o servidores públicos condenados por delitos dolosos como colusión, peculado, malversación de fondos, cohecho pasivo, corrupción pasiva, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Asimismo, queda excluida la posibilidad de suspensión de penas para personas condenadas por delitos de agresión contra mujeres o integrantes del grupo familiar, especialmente cuando la víctima fue agredida por su condición de mujer o se encontraba en estado de gestación.
La normativa también refuerza las sanciones para delitos relacionados con la dignidad humana y la libertad sexual, asegurando que los responsables enfrenten penas efectivas y proporcionales a la gravedad de sus actos. Estas medidas buscan garantizar una mayor protección para las víctimas y fortalecer la lucha contra la impunidad en casos de violencia y corrupción.
La promulgación de esta ley ha sido recibida con opiniones divididas. Por un lado, se destaca su importancia para combatir la violencia de género y otros delitos graves. Por otro, algunos sectores han expresado preocupaciones sobre la implementación de estas medidas y su impacto en el sistema judicial.
