El Gobierno peruano ha promulgado la Ley N.º 32199, que fija un límite de edad para los trabajadores del sector público, estableciendo que deberán cesar sus funciones al cumplir los 70 años. Esta normativa, publicada en diciembre de 2024 y en vigor desde enero de 2025, busca unificar los criterios de retiro laboral en todas las entidades estatales, garantizando una aplicación homogénea y transparente.
De acuerdo con la ley, los trabajadores que alcancen los 70 años podrán continuar laborando hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan dicha edad. Este cambio afecta a los empleados bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276, quienes representan una parte significativa del empleo público en el país. Antes de esta disposición, las normas sobre retiro por edad variaban según el sector o institución, lo que generaba inconsistencias en la administración del personal público.
Además del límite de edad, la Ley N.º 32199 introduce modificaciones en otros aspectos laborales. Por ejemplo, se amplía el período permitido para licencias sin goce de haber, permitiendo a los trabajadores solicitar hasta tres años de licencia dentro de un lapso de cinco años, de manera continua o discontinua. Este cambio busca ofrecer mayor flexibilidad a los empleados que necesiten ausentarse temporalmente de sus funciones por motivos personales o profesionales.
En cuanto a la compensación por tiempo de servicios (CTS), la normativa establece un cálculo uniforme para todos los trabajadores afectados por la ley. El monto de la CTS será equivalente al 100% de la remuneración mensual por cada año completo de trabajo o fracción superior a seis meses. Esta medida busca garantizar una mayor equidad y previsibilidad en los beneficios laborales de los empleados públicos.
La implementación de esta ley también incluye ajustes administrativos en las entidades estatales para asegurar su correcta aplicación y evitar posibles irregularidades en la gestión del personal. Con estas medidas, el Gobierno peruano busca ordenar las condiciones laborales en el sector público y establecer criterios claros y homogéneos para el retiro de los servidores públicos.
