El reciente accionar del Congreso de la República al aprobar una ley que restringe el funcionamiento y la capacidad presupuestaria de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ha generado un amplio rechazo tanto a nivel nacional como internacional. La asociación civil Transparencia, conocida por su labor en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales, emitió un contundente comunicado acusando al Congreso de vulnerar gravemente la Constitución peruana. Según la organización, esta norma representa un ataque directo contra la libertad de la sociedad civil organizada y la prensa libre en el país, al tiempo que crea un clima de preocupación respecto al respeto de los principios democráticos.
El comunicado de Transparencia destaca que la aprobación de esta ley se llevó a cabo mediante la difusión de lo que califican como una “narrativa falsa” en contra de las ONG. Además, compararon esta medida con las restricciones impuestas en países como Nicaragua y Venezuela, donde se ha limitado severamente la actuación de las organizaciones civiles y la libertad de expresión. Para Transparencia, esta normativa socava pilares fundamentales de la democracia peruana y afecta directamente a las entidades que han desempeñado un papel crucial en la denuncia de actos de corrupción y abusos de poder.
Otro punto preocupante señalado en el pronunciamiento es que esta nueva normativa restringe el uso de fondos internacionales, dificultando la financiación de la defensa legal en casos en los que el Estado vulnere los derechos de ciudadanos o comunidades. En palabras de Transparencia, “lo que está en juego es el futuro mismo de la democracia en el Perú”, invitando a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante lo que consideran un ataque sistemático contra las libertades esenciales.
Diversas ONG también han expresado su rechazo a la nueva disposición. Entre ellas, Promsex, una entidad que aboga por los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, declaró que la norma afecta negativamente al sistema democrático y las instituciones con fines sociales. Además, Promsex subrayó que las ONG en el Perú ya operan bajo mecanismos transparentes de rendición de cuentas, por lo que esta ley no busca mejorar la supervisión sino obstaculizar sus funciones y perpetuar la impunidad en ciertos casos.
Por su parte, el Instituto de Defensa Legal (IDL), con una trayectoria reconocida en la protección de los derechos humanos, calificó la normativa como una amenaza seria contra la sociedad civil. El IDL anunció que recurrirá a todos los recursos legales disponibles para anular la disposición, argumentando que introduce de manera encubierta sanciones desproporcionadas contra aquellas ONG que emprendan acciones legales en contra del Estado peruano.
De igual forma, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, manifestó su preocupación por el impacto de esta reforma. Según la organización, el Congreso busca incrementar un control excesivo sobre las ONG a través de la modificación de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Proética resaltó que la medida no solo constituye un retroceso para la libertad de asociación y la participación ciudadana, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión.
