El Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación la denominada «Ley Mordaza» el pasado 13 de marzo de 2025. Este proyecto, impulsado por la bancada de Perú Libre, introduce modificaciones al Código Penal y al Código Civil que han sido calificadas como un ataque directo a la libertad de prensa. La norma busca criminalizar las investigaciones periodísticas, estableciendo el delito de «violación a la intimidad» y endureciendo las sanciones por calumnia y difamación con penas de hasta ocho años de prisión. Además, propone reducir el plazo para que los medios de comunicación puedan rectificarse a solo un día, dificultando así el cumplimiento de esta obligación en diversos formatos periodísticos que no son de emisión diaria.
La polémica normativa fue aprobada con 36 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Alianza Para el Progreso (APP) desempeñaron un papel clave, ya que sus abstenciones permitieron que el proyecto alcanzara la mayoría necesaria para avanzar a la segunda votación. Según expertos, si estas dos bancadas hubieran votado en contra, la ley no habría sido aprobada en esta instancia.
La «Ley Mordaza» ha recibido críticas contundentes de diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas. Todas ellas han advertido que la norma no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado conjunto, estas instituciones señalaron que la ley vulnera la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz y oportuna. Además, instaron al Congreso a reconsiderar la aprobación de esta medida en la segunda votación, programada para la próxima semana.
En el debate parlamentario, miembros de Fuerza Popular expresaron opiniones diversas. Ernesto Bustamante, quien no estuvo presente durante la votación debido a una licencia personal, manifestó estar en contra de la ley a título personal, argumentando que no se debe penalizar la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger el derecho al honor. Bustamante destacó que delitos como injuria, difamación y calumnia deberían tratarse exclusivamente en el ámbito civil, en lugar de ser tipificados como penales. Sin embargo, otros miembros de FP, como Jeny López, indicaron que el partido aún no ha definido su posición oficial para la segunda votación, aunque es probable que mantengan su postura de abstención. Por su parte, la congresista Auristela Obando evitó pronunciarse, asegurando que esperará a las deliberaciones de la Comisión de Justicia, a pesar de que este tema ya fue votado en el Pleno, por lo que su paso por la comisión es innecesario.
La bancada de Alianza Para el Progreso también optó por la abstención en la primera votación, pero no se pronunció públicamente sobre su decisión. A pesar de los intentos de la prensa por obtener declaraciones, ningún congresista de APP respondió al cierre de esta nota, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia de esta bancada en un tema tan sensible.
Entre las disposiciones más controvertidas de la «Ley Mordaza» se encuentra el aumento de las sanciones penales para los delitos de calumnia y difamación, así como la introducción del delito de «violación a la intimidad». Esta última medida ha sido relacionada con las recientes revelaciones sobre fotografías de la presidenta Dina Boluarte que están vinculadas a investigaciones sobre su ausencia del cargo, presuntamente relacionada con cirugías estéticas. La norma también impone sanciones económicas en favor del querellante, lo que podría limitar aún más la capacidad de los medios para realizar investigaciones independientes.
El futuro de esta ley dependerá de la segunda votación en el Pleno del Congreso. Su desenlace podría definirse por las decisiones que adopten las bancadas de Fuerza Popular y APP, cuyas posturas aún no han sido clarificadas. Mientras tanto, las críticas de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y gremios periodísticos subrayan la importancia de proteger la libertad de prensa como un pilar esencial de la democracia peruana.
