El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció la eliminación del pago de S/ 46.20 por el trámite de desafiliación de partidos políticos, tras detectarse múltiples casos de inscripciones sin autorización ciudadana.
Esta decisión, que busca proteger los derechos de los ciudadanos, fue oficializada mediante la Resolución 000073-2025-P/JNE, publicada en el diario El Peruano. Con esta medida, quienes figuren como afiliados sin haber dado su consentimiento podrán retirarse sin tener que asumir costos administrativos.
Según detallaron ambas entidades, se han identificado más de 238,000 firmas irregulares en los procesos de inscripción de agrupaciones políticas, según informes técnicos elaborados por el Reniec. Estas firmas fueron invalidadas y no podrán usarse para formalizar registros ante el JNE.
Además de exonerar el pago por la desafiliación, el JNE informó que se iniciaron denuncias penales contra las organizaciones políticas responsables de presentar planillones con firmas falsas o sin respaldo legítimo. Estas acciones ya han sido derivadas al Ministerio Público y se fundamentan en evidencias técnicas que revelan posibles suplantaciones de identidad.
Como respuesta institucional, también se está trabajando en la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del JNE para formalizar esta medida y hacerla permanente. La Dirección General de Planeamiento ya fue encargada de llevar adelante dicho proceso.
Paralelamente, se informó que entre junio y septiembre de 2024 se desarrolló, junto con la Comisión de Constitución del Congreso, el proyecto de ley 8189, el cual ya cuenta con una primera aprobación en el Pleno. Esta iniciativa busca reforzar los mecanismos de validación en las afiliaciones partidarias, incorporando herramientas tecnológicas como el DNI electrónico y la plataforma ID Perú, que permitirán confirmar la identidad del afiliado mediante reconocimiento facial.
El comunicado finaliza exhortando a las organizaciones políticas a mejorar sus procesos de inscripción y garantizar que estos reflejen la voluntad auténtica de los ciudadanos. Las instituciones del sistema electoral reafirmaron su compromiso con la transparencia y legalidad de los procesos democráticos.
Actualmente, cualquier ciudadano que detecte una afiliación no consentida puede solicitar su desafiliación de manera gratuita, y de ser necesario, iniciar acciones legales contra los responsables de dicha inscripción.
