Los principales gremios de trabajadores y empleadores del país, la CGTP y la Confiep, han elevado su voz al Ministerio de Trabajo para exigir la reactivación del proceso que permitirá institucionalizar el mecanismo técnico de revisión de la Remuneración Mínima Vital (RMV). A pesar de que esta iniciativa fue acordada en 2024, aún no se concretan avances, y a más de cuatro meses del último aumento a S/1.130, el proceso continúa paralizado.
Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de que los futuros ajustes del salario mínimo se determinen sobre bases técnicas, dejando de lado criterios políticos. Según lo establecido, factores como la inflación, la productividad y el empleo formal deberían guiar las decisiones sobre cuánto, cuándo y cómo debe ajustarse el sueldo mínimo en el país.
El exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, ha señalado que el Ministerio de Trabajo está incumpliendo con los compromisos asumidos, pese a que tanto trabajadores como empresarios están solicitando que se retome el diálogo. Recordó que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) acordó en agosto de 2024 encargar a una comisión especializada la elaboración de un informe técnico con un procedimiento claro y periódico para revisar el salario mínimo, pero dicho encargo sigue sin concretarse.
La Confiep, mediante un oficio dirigido al ministro de Trabajo Daniel Maurate, advirtió que han pasado más de cuatro meses sin que se convoque a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos. Por su parte, la CGTP también ha reiterado su demanda para que el proceso avance, resaltando que es vital desvincular estos ajustes de las decisiones de turno de los gobiernos.
Consultado por el medio, el ministro Maurate aseguró que existe consenso sobre la necesidad de contar con una norma y que ya hay avances en ese sentido. Afirmó además que el incremento reciente se basó en criterios técnicos como inflación y productividad, lo cual —según él— ha favorecido el aumento de la formalidad laboral.
Sin embargo, fuentes internas del Ministerio de Trabajo han señalado que no existe un interés claro por parte del titular del sector en reactivar el mecanismo de institucionalización, lo cual pone en duda la voluntad real de cumplir los acuerdos del CNT.
Cuadros explicó que el procedimiento establecido por el CNT obliga al diálogo tripartito con empleadores y trabajadores antes de que el Ministerio de Trabajo tome una decisión por decreto. Recordó que este mecanismo no puede ser impuesto de manera unilateral, sino que debe surgir del consenso.
La base técnica de este proceso fue aprobada por primera vez en 2007 y fue actualizada en 2022 con apoyo de la OIT, adaptándola a las condiciones actuales sin perder la esencia de sus fundamentos. Según esta actualización, el enfoque técnico debe mantenerse en variables como la inflación, el empleo formal y la productividad, lo cual permitiría ajustes más periódicos y objetivos.
De haberse aplicado de manera consistente desde 2007, el salario mínimo hoy podría estar cerca de S/1.330, sin efectos negativos sobre la economía. Aunque el aumento reciente fue oportuno, Cuadros criticó que su aprobación no se basó en un proceso técnico consolidado.
Actualmente, el salario mínimo aún no cubre la canasta básica familiar ni supera la línea de pobreza extrema. Según el INEI, el valor de esta canasta asciende a S/1.784 para una familia de cuatro personas. El incremento de S/105 solo recuperó parte del poder adquisitivo perdido entre 2018 y 2024, cuando el salario real cayó en un 14%. El aumento apenas logró recuperar un 10%, dejando aún un déficit del 4%.
La OIT recomienda que los mecanismos de revisión del salario mínimo se apliquen anualmente, como ya ocurre en varios países de América Latina. Esta frecuencia permitiría proteger el poder de compra de los trabajadores y dar mayor previsibilidad a los empresarios.
Cabe destacar que esta política es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, sin intervención del MEF, el BCR, el INEI ni el Congreso. Tanto el mecanismo aprobado en 2007 como su actualización en 2022 ya cuentan con el respaldo del Ministerio y de los sindicatos. Solo falta la aprobación del gremio empresarial o que este proponga ajustes al mecanismo para debatirlos en la mesa técnica. Cuadros advierte que sería preocupante que el Ministerio de Trabajo decida ignorar lo ya consensuado.
