El Gobierno peruano proyecta destinar más de 8,000 millones de dólares al desarrollo portuario en los próximos 20 años, según la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Esta inversión busca posicionar al país como un actor clave en el comercio internacional, en especial con Asia, reforzando lo ya avanzado con proyectos emblemáticos como los puertos de Chancay y Callao, que suman más de 3,500 millones de dólares invertidos en las últimas dos décadas.
No obstante, especialistas advierten que alcanzar los objetivos dependerá de avances en la conectividad terrestre, la reducción de trabas burocráticas y la estabilidad legal que incentive la inversión privada, según un informe de DFSUD.
Actualmente, Perú cuenta con cerca de 30 terminales marítimos en su litoral, de los cuales 13 son considerados principales y 9 operan bajo esquemas de concesiones público-privadas. Según Juan Carlos Paz, presidente del directorio de la APN, en los últimos años ha aumentado el flujo de inversiones en el sector y ya se anuncian nuevos proyectos relevantes.
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que estas inversiones han mejorado la competitividad de los puertos, dinamizando el comercio y el movimiento de mercancías.
Sin embargo, el desarrollo enfrenta limitaciones significativas. Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión Marítima Portuaria y Aduanera de la CCL, señaló que la falta de infraestructura complementaria es uno de los mayores obstáculos. Proyectos como los de Chancay y Callao requieren rutas viales exclusivas para transporte de carga, así como una red ferroviaria más sólida, que hoy en día sigue siendo insuficiente, a pesar de los dos corredores en desarrollo.
Además, la CCL propone una ley de cabotaje para facilitar el transporte de mercancías entre distintos puertos del país, especialmente con destino a Chancay, optimizando así las exportaciones hacia Asia. Según Ego-Aguirre, dentro del plan nacional de infraestructura se contempla un total de más de 70,000 millones de dólares en proyectos públicos y privados, de los cuales más de 8,000 millones estarán destinados específicamente al sector portuario.
En cuanto al marco legal, Paz destacó que la Ley 27943, que regula las inversiones en puertos, debería actualizarse para permitir una mayor inversión. También se mencionó la Ley 32048, recientemente aprobada, que faculta a los puertos a construir infraestructuras adicionales fuera de sus zonas concesionadas, como accesos y viaductos logísticos.
Entre las inversiones más destacadas figuran los 1,300 millones de dólares comprometidos por APM Terminals, más de 2,300 millones para la ampliación del puerto del Callao, y 2,500 millones para el desarrollo del megaproyecto en Chancay.
Pese al dinamismo del sector, la burocracia representa aún un reto importante. Los procesos de permisos pueden extenderse durante años, lo que frena el avance de muchos proyectos. Para los expertos, es urgente simplificar los trámites para atraer inversiones de todos los tamaños.
El panorama político también influye. Con elecciones presidenciales previstas para abril de 2026, se insiste en que los proyectos de infraestructura deben mantenerse como política de Estado, al margen de los cambios de gobierno. Esto coincide con las metas del Ejecutivo de aumentar el volumen de carga de contenedores desde 28.9 millones de toneladas métricas en 2023 a más de 60 millones en 2030.
Sin embargo, una reciente propuesta legislativa ha encendido las alarmas: plantea que el Estado asuma el 60% del control de los puertos, lo cual ha generado preocupación en el sector privado. Diversos gremios, incluida la CCL, se oponen a la idea por considerar que podría desalentar la inversión y frenar el desarrollo económico.
Ego-Aguirre recordó la experiencia de Enapu, la empresa estatal portuaria que en el pasado no logró impulsar el sector de manera sostenible. En la misma línea, Paz advirtió que limitar la inversión privada podría llevar al estancamiento y desactualización de los puertos en menos de una década, lo que afectaría directamente a la economía peruana, ya que más del 85% de sus exportaciones se realizan por vía marítima.
En este contexto, se resalta la necesidad de mantener un sistema portuario competitivo que sustente el crecimiento económico a largo plazo.
