Durante una audiencia del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, la contadora Liliana Sánchez, testigo técnico de la fiscalía, ratificó dos informes elaborados en 2022. Estos informes detallan cómo las empresas ICCGSA y Obrainsa habrían retirado y justificado contablemente el dinero de las presuntas coimas a Vizcarra. Sánchez verificó que Obrainsa giró dos cheques por un total de S/1 millón, registrados como préstamos y dividendos, pero que según la fiscalía, corresponderían a sobornos por el proyecto Lomas de Ilo. También se encontró una factura de servicio aéreo y correos electrónicos internos relacionados con el alquiler de una aeronave, presuntamente parte de los sobornos.
En el caso del Hospital de Moquegua, Sánchez verificó la existencia de cuatro facturas ficticias emitidas por el Consorcio Hospitalario, conformado por ICCGSA e Incot, a nombre de Mzarq. Según la acusación fiscal, Vizcarra habría recibido S/1,3 millón por esta obra, con el exministro José Hernández como intermediario en algunos pagos. Los directivos de ICCGSA confirmaron que el dinero en efectivo se generó a través de boletas por servicios ficticios a favor de Mzarq.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó la solidez de los informes y las declaraciones de los testigos técnicos, argumentando que no se ha acreditado si el dinero retornó en efectivo a las empresas.
