El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que Carlos Pais, jefe de la Dirección General de Administración, presentó su renuncia en medio del escándalo sobre una presunta red de prostitución. La Mesa Directiva elegirá su reemplazo el próximo lunes y decidirá si Giovanni Forno continuará como oficial mayor. Pais, vinculado al excongresista Richard Acuña, había reemplazado a Marisol Espinoza en su cargo. La Comisión de Fiscalización del Congreso interrogó a Pais sobre el caso, pero él afirmó no saber quién recomendó a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. La investigación sobre la presunta red de prostitución se centra en las contrataciones en el Parlamento y sus filtros. Además de Pais, la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, también está bajo escrutinio. La Comisión de Fiscalización del Congreso y el Ministerio Público continúan con las investigaciones.
El caso de la presunta red de prostitución en el Congreso ha generado una crisis institucional. La investigación se inició tras el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado a varios funcionarios para esclarecer los hechos. Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, también está siendo investigado por su papel en las contrataciones cuestionadas. Forno contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, pero no recuerda quién lo recomendó para el cargo. La jefa de Recursos Humanos, Haidy Figueroa, es responsable de remitir la información necesaria a la comisión ad hoc que investiga el caso, pero la comisión no recibió la información adecuada, lo que provocó la renuncia de sus integrantes.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha anunciado que los funcionarios de Oficialía Mayor y de Administración del Congreso están en evaluación por el caso Torres Saravia. La próxima semana, la Mesa Directiva deliberará sobre la continuidad de Giovanni Forno y otros funcionarios. La investigación también ha revelado que Isabel Cajo, extrabajadora de Jorge Torres Saravia, fue contratada en el Área de Administración de Bienes del Congreso tras una reunión con el expresidente del Congreso, Alejandro Soto. La contratación de Cajo y otros funcionarios ha sido cuestionada por su posible relación con la presunta red de prostitución.
