La Sala Nacional de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Nacional Penal Especializada revocó la prisión preventiva de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Los jueces consideraron que no existen evidencias concretas de cohecho en el nombramiento de prefectos y subprefectos, y que por tráfico de influencias, Boluarte recibiría una pena menor de cuatro años. Esta decisión pone en duda la investigación del Ministerio Público y permite que Boluarte afronte la investigación en libertad. La revocatoria también favorece a otros implicados en el caso «Waykis en la sombra».
El fallo de la Sala de Apelaciones se basa en tres argumentos principales. Primero, aplicaron las leyes 32108 y 32138 dictadas por el Congreso, que modifican el Código Penal al introducir nuevas definiciones y requisitos para el delito de crimen organizado. Segundo, consideraron que en una audiencia de prisión preventiva no se puede discutir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, y los jueces solo deben aplicarla y preferir la más favorable al procesado. Tercero, evaluaron que es posible que por el tráfico de influencias, de ser encontrado culpable, Boluarte no recibiría una pena de prisión efectiva, y respecto al presunto cohecho, es posible que no haya delito alguno.
La decisión judicial no es una absolución ni afecta la gravedad de las sospechas en su contra. Las investigaciones continúan hasta el esclarecimiento total de los hechos. Los jueces de apelación le concedieron comparecencia simple, lo que implica que puede afrontar las investigaciones en libertad, con la condición de que asista a todas las citaciones que se le hagan.
El Equipo 5 del ex Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga a Nicanor Boluarte por presuntamente integrar una organización criminal que, utilizando su cercanía al gobierno, cometía tráfico de influencias y cohecho para el nombramiento de prefectos y subprefectos, con el objetivo de crear un partido político «Ciudadanos por el Perú» para dar soporte al gobierno. La fiscalía solicitó la prisión preventiva contra Boluarte y otros implicados el 7 de agosto de 2024, pero la publicación de nuevas leyes modificó la definición de crimen organizado, lo que llevó a la revocatoria de la prisión preventiva.
