Durante la ceremonia de apertura del Año Jurisdiccional Constitucional del Tribunal Constitucional (TC), la presidenta Dina Boluarte planteó poner fin al activismo judicial y a la politización de la justicia en el Perú. Boluarte afirmó que el país debe dejar atrás la guerra jurídica, una estrategia dañina que busca instrumentalizar el sistema judicial para atacar y perseguir a enemigos políticos, socavando la credibilidad de las instituciones y desprestigiando a sus magistrados.
En su discurso, la presidenta destacó la importancia del Tribunal Constitucional para el desarrollo del país, ya que asegura la constitucionalidad de las leyes y genera un entorno de confianza para ciudadanos, emprendedores e inversionistas. Boluarte subrayó que es un deber patriótico evitar que el sistema de justicia sea instrumentalizado con fines políticos por organizaciones que buscan controlar las instituciones fundamentales del Estado.
La presidenta también reafirmó el compromiso de su gobierno de respetar la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional y de otros poderes del Estado. Lamentó que en Sudamérica la vida civilizada esté amenazada por ideologías totalitarias que han evolucionado de dictaduras a tiranías, empobreciendo a sus pueblos y generando crisis migratorias.
Boluarte recordó el fallido golpe de Estado ocurrido en Perú el 7 de diciembre de 2022, inspirado en una ideología totalitaria que incitaba a una guerra civil. Destacó que uno de los objetivos de ese golpe era el cierre del Tribunal Constitucional, pero este tribunal rechazó firmemente el intento de quebrantar la democracia.
Finalmente, la presidenta resaltó el crecimiento económico del Perú en 2024, con una tasa del 3.2%, y expresó su esperanza de superar esa cifra en 2025, lo que permitirá avanzar en la creación de empleo y la lucha contra la pobreza, la desnutrición y la anemia.
