El Congreso de la República ha aprobado en primera instancia un dictamen que modifica el Código Penal y la Ley de Rectificación, endureciendo las penas por los delitos de calumnia y difamación. Este proyecto, impulsado por los congresistas Katy Ugarte y Segundo Montalvo, ha generado preocupación entre organismos nacionales e internacionales, quienes advierten que podría representar una amenaza para la libertad de prensa y expresión en el país.
La propuesta establece penas de entre tres y cinco años de prisión para quienes cometan estos delitos, además de imponer multas de hasta 365 días-multa y reparaciones civiles a favor del querellante. También se regula el ejercicio del derecho de rectificación, exigiendo que las rectificaciones se realicen en la misma modalidad y proporción en que se difundió la información original. En el caso de medios audiovisuales, la rectificación deberá efectuarse durante tres días consecutivos o intermedios en el mismo horario en que se publicó el contenido cuestionado.
El dictamen fue aprobado con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones, sin un debate previo en el hemiciclo. Las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Bloque Democrático Popular respaldaron la iniciativa, mientras que Fuerza Popular se abstuvo en bloque. Por otro lado, Renovación Popular, Juntos por el Perú/Voces del Pueblo y la bancada socialista votaron en contra, argumentando que la norma podría afectar gravemente la libertad de expresión.
Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana han expresado su preocupación por el impacto de esta ley en el ejercicio del periodismo. Señalan que la reducción del tiempo para atender solicitudes de rectificación, de siete días a solo uno, recorta severamente los derechos de defensa y al debido proceso. Además, consideran desproporcionada la exigencia de realizar rectificaciones durante tres días consecutivos.
La Sociedad Interamericana de Prensa también ha alertado sobre un clima de hostilidad hacia la prensa en el Perú, evidenciando un deterioro de las libertades de prensa y expresión en el país. Este contexto adverso es especialmente preocupante para los medios independientes y periodistas críticos, quienes enfrentan un aumento en las demandas de difamación y cartas notariales utilizadas para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder.
